La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha iniciado un procedimiento de desahucio administrativo contra una gestoría por ocupar bienes de dominio público portuario y por una deuda económica.
La empresa afectada es Gestoría Armas Borrego S.L. ocupa una oficina de unos 20 metros cuadrados en el conocido como Edificio Oeste, en el Área 6 del Puerto de La Luz. La autorización de ocupación de dominio público vencía el pasado día 9 de febrero de 2018. Mediante escrito de fecha de registro de salida 1 de febrero de 2018, la Dirección de Puertos de Las Palmas requirió a dicha entidad para que en el plazo diez días procediera al abono de la deuda pendiente, que a dicha fecha ascendía a la cantidad de 1.670 euros en concepto de tasas, por la autorización temporal, finalizando este plazo el día 22 de febrero de 2018. En dicho escrito se recordó asimismo la finalización del plazo de la autorización temporal otorgada y que una vez abonada la deuda, en caso de estar interesados en continuar con la ocupación de dicha superficie la gestoría debía remitir nuevo escrito de solicitud para regularizar su situación administrativa, indicándosele que, de lo contrario, se iniciaría “expediente de desahucio administrativo por vencimiento del plazo y deudor”, en el plazo de diez días a contar desde la recepción del requerimiento efectuado.
Asimismo se le comunicó a la empresa que, transcurrido dicho plazo sin haber abonado la deuda contraída y sin haber aportado la documentación para regularizar su situación administrativa, deberían desalojar la oficina ocupada en el plazo de quince días, a partir de la notificación de dicho escrito, cuyo plazo finalizó el pasado día 23 de febrero de 2018.
Dado el tiempo trascurrido, al no haber abonado la deuda correspondiente, ni haber desalojado la oficina y no tener título que le habilite a estar ocupando la oficina, se le comunica a la empresa que se acuerda iniciar procedimiento de desahucio administrativo “por ser deudor y ocupar de forma indebida y sin título bastante, bienes del dominio público portuario”. La empresa dispone ahora de diez días para presentar alegaciones. Se le advierte, por útimo, que corresponde al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas acordar el desahucio, pudiendo solicitar de la autoridad gubernativa correspondiente la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea necesario.