La Confederación Española de Pesca (CEPESCA) ha condenado de manera rotunda la actividad de importación y comercialización ilegal de atún rojo en nuestro país, después de que la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA), de la Guardia Civil, haya descubierto una trama, en el marco de Operación Tarantelo, que ha supuesto la detención de 79 personas, todas españolas, y la incautación de más de 80.000 kilos de atún rojo de procedencia ilícita. Cepesca también quiere expresar su agradecimiento a este cuerpo, así como a la Europol y a la Administración Española por esta iniciativa que pone de manifiesto el compromiso en la lucha contra la ilegalidad en el sector pesquero.
La Operación Tarantelo ha dejado al descubierto, según ha informado la Guardia Civil, una red que introducía anualmente en nuestro país más de 3.500.000 kilos de atún rojo ilegal, proveniente fundamentalmente de Malta e Italia, generando un beneficio de unos 25 millones de euros al año. Además del perjuicio a las empresas que operan en este mercado con transparencia y dentro de la escrupulosa legalidad, esta operación, que aún sigue abierta, ha puesto de manifiesto diversas irregularidades higiénico-sanitarias en la conservación del atún pescado ilegalmente, como la ruptura de la cadena de frío en diversos puntos, con riesgo para la salud pública.
Cepesca ha ofrecido toda su colaboración, tanto a las autoridades españolas como europeas, para esclarecer y dirimir las distintas responsabilidades que correspondan, y desterrar del sector pesquero este tipo de conductas.
Según Javier Garat, secretario general de Cepesca, “las prácticas ilegales son inadmisibles en nuestro sector, menoscaban la credibilidad de nuestros pescadores, tanto nacional como internacionalmente, y menosprecian el esfuerzo y el trabajo de la gran mayoría de las empresas pesqueras a favor de la sostenibilidad, la responsabilidad y la seguridad alimentaria”.
Seprona
Un grupo criminal, ya desarticulado por el Seprona de la Guardia Civil, logró hacerse con al menos 25 millones de euros de beneficio en un solo año con la comercialización ilegal de atún rojo, capturado de forma ilícita y sin control en aguas de Malta e Italia. Así lo pusieron de manifiesto responsables del Seprona, de Europol y de la Secretaría General de Pesca en una rueda de prensa celebrada en Madrid y que sirvió para dar cuenta de los detalles de la denominada Operación Tarantelo contra la comercialización ilegal de atún rojo y denominada así por una de las partes más jugosas del vientre del túnido.
El teniente coronel jefe de Operaciones del Seprona, Jesús Gálvez, explicó que la operación comenzó en el primer semestre de 2017 tras las informaciones de la Secretaría de Pesca y del sector de que se podría estar pescando ilegalmente atún en el Mediterráneo, obviando los controles y las cuotas impuestas por el ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico).
Tras diversas pesquisas se descubrió una red asentada en la Comunidad Valenciana, y la Fiscalía de Medio Ambiente, junto con el Juzgado número 3 de Picassent, abrieron diligencias para descubrir la trama, en una operación que culminó con 79 detenidos (todos españoles) y casi 50 registros de empresas distribuidoras y domicilios en diferentes puntos de nuestro país.La operación se llevó a cabo en doce provincias, entre ellas la de Cádiz, donde la Guardia Civil también considera que hay conexiones con esta red: Barcelona, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Sevilla, Huelva, Toledo y Madrid son las demás provincias.
Durante la explotación de la misma se han intervenido 80 toneladas de atún rojo, cerca de medio millón de euros en efectivo, vehículos de alta gama, joyas valoradas en más de 600.000 euros y documentación que se está analizando y que corresponde a la actividad del grupo en los últimos tres años. Según se comprobó en la investigación, los atunes rojos se pescaban en aguas de Malta e Italia y eran transportados hasta España, bien por el aeropuerto de Madrid (en este caso las capturas legales), bien por puertos hasta Francia y después por carretera en camiones hasta el Levante. Las empresas implicadas aprovechaban la parte legal de su actividad para introducir atunes pescados ilegalmente. Y lo hacían amparándose en facturas y otros documentos que se correspondían con la compra legal de estos animales, procedentes la mayoría de los casos de granjas autorizadas, piscinas de engorde en que son introducidos los atunes para ir alimentándolos a base de sardinas y caballas sobre todo hasta que alcanzan la grasa idónea para su venta, una grasa muy demandad en el mercado asiático sobre todo por su costumbre de consumir el atún en crudo con elaboraciones como el tartar, tataki o sushi.